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VIALIDADES

 

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DAÑO EN PROPIEDAD AJENA

 

Al ocurrir un accidente de tránsito, por mínimo que éste sea, se producen daños a los vehículos involucrados. Quien los causa, además de afectar su vehículo, provoca daños a otra persona, configurándose el delito de “Daños en propiedad ajena”, donde el afectado tiene la facultad de reclamar la reparación del daño a quien se lo provocó. Para ello el Estado protege y sanciona este tipo de conductas en los Códigos Penales de nuestro país.

 

En la mayoría de las entidades, este tipo de delitos es perseguido por querella; esto es, la autoridad únicamente podrá conocer de ellos si el delito es denunciado por quien se ve afectado; se requiere forzosamente que el afectado quiera denunciar el delito. En un accidente, los involucrados tienen todo el derecho de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños. En caso de que el accidente ocurra en alguna carretera federal, los conductores tienen derecho a llegar a un arreglo, sin tener la obligación de que conozca la autoridad de tránsito; así lo señala el Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales.

 

En algunos municipios y entidades federativas, sus reglamentos de tránsito señalan que los involucrados en un accidente deberán ser presentados ante el Ministerio Público. En estos casos existe un problema de legalidad. Cuando el Código Penal respectivo señala que este tipo de delito se persigue por querella y el reglamento de tránsito indica que se deberán poner a disposición de la autoridad correspondiente los conductores, se presenta una contradicción del reglamento, y éste no puede estar en contra de la ley. Jurídicamente, se deberán de poner a los conductores a disposición del Ministerio Público sólo cuando el afectado lo denuncie. El problema radica en que los agentes de transito se basan en lo que el reglamento de tránsito señala y así lo aplican.

 

En estos casos, la función de la autoridad de tránsito debería concretarse a tomar conocimiento y aplicar las sanciones correspondientes por las infracciones cometidas que dieron origen a que se produjera el accidente, y sólo cuando los involucrados en un accidente se lo soliciten, deberán ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público. En el caso de que haya lesionados o personas fallecidas, invariablemente debe tomar conocimiento el Ministerio Público, por lo que deberán ser puestos a su disposición.

 

Cuando el reglamento de tránsito señala que los conductores deberán ser presentados ante el Agente del Ministerio Público, es una norma anticonstitucional, dado que un reglamento no puede estar por encima de una ley (que en este caso es el Código Penal).

 

En la mayoría de las ocasiones en que se presenta un accidente, los conductores solicitan la presencia del ajustador de su compañía de seguros, con el fin de que solucione su problema y responda por los daños causados. Muchas veces, estas personas asumen el papel de autoridad o peritos, señalando quién fue el causante del siniestro, lo cual es totalmente erróneo. El ajustador es un representante de una empresa aseguradora que tiene un contrato con el propietario de un vehículo, para responder por los daños ocasionados en un accidente en caso de que su cliente sea el responsable. Si el afectado o víctima no está de acuerdo o no le satisface lo que le ofrece el conductor que le causó el daño, a través del ajustador de la compañía aseguradora, puede negarse a la propuesta y denunciar ante la autoridad correspondiente por el delito cometido.

 

A nivel federal, los delitos de daños en propiedad ajena se persiguen por querella y no son sancionados con prisión; únicamente se impone una multa que puede llegar a ser hasta el valor del daño causado. A nivel estatal, los delitos de daño en propiedad ajena con motivo del tránsito de vehículos en su mayoría se persiguen por querella.

 

Sólo en algunas entidades federativas, y de manera excepcional se persiguen de oficio, como, por ejemplo, cuando son ocasionados por conductores en estado de ebriedad, o bajo el influjo de narcóticos u otras sustancias que produzcan efectos similares. Es el caso de Baja California, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca y Veracruz. En Guanajuato, además, se persigue de oficio cuando el vehículo presta un servicio público local. En Campeche se persigue de oficio si el valor del daño causado excede de 600 veces el salario mínimo. En caso de que el delito de daños en propiedad ajena se persiga por oficio, el agente de tránsito está obligado a poner a disposición del Ministerio Público a los conductores, excepto cuando el accidente se da en una carretera federal, donde se otorgan facilidades administrativas para llegar a un arreglo.

 

Las sanciones penales previstas para los que cometen este tipo de ilícitos son diversas. Para Baja California, Colima, Durango, Distrito Federal, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas y Yucatán, este delito no es sancionado con pena privativa de libertad; sólo se sanciona con multa. En el caso de Yucatán, el Código Penal obliga al juez a que cuando se hubiere reparado el daño, se sustituya la pena privativa de libertad por una multa. En cambio, en Nuevo León no se sanciona ni con prisión ni con multa; únicamente se debe reparar el daño.

 

En algunos casos, las penas privativas de libertad van de acuerdo con el valor del daño causado. Por ejemplo en Campeche se toman los siguientes parámetros para sancionar: cuando el valor del daño es menor a 200 veces el salario mínimo, prisión de 6 meses; cuando es mayor de 200 salarios y menor a 400, prisión de 9 meses; si rebasa los 400 pero no las 600 veces de salario, la prisión es de 2 años seis meses; y si excede de 600 salarios, la sanción consiste en prisión de 3 años 3 meses.

 

También en Oaxaca y Morelos se sanciona con prisión de acuerdo con el valor del daño causado. Cuando los daños son mínimos, se aplica desde un mes hasta seis meses de prisión. Sí el monto del daño excede de 500 veces el salario mínimo, la pena es de 4 a 6 años, y en el caso de Morelos, si excede de 650 veces, se aplican hasta 7 años de prisión. Además de la pena privativa de libertad, se sanciona con multas que van hasta por un monto de 500 veces el salario mínimo. Conjuntamente con estas sanciones, en ambas entidades federativas se aplica una suspensión o privación definitiva de los derechos, cargos o funciones correspondientes a la actividad con cuyo ejercicio se cometió el delito. En ese mismo tenor, se aplican sanciones en Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas. En esta última entidad es donde se aplica la sanción privativa de libertad más alta para este tipo de delito: 9 años de prisión.

 

Pero, ¿qué sucede cuando tenemos un accidente debido a causas ajenas a nosotros, como pueden ser las condiciones de la calle o la carretera, baches, la caída de algún poste, semáforo, árbol, por la deficiencia de algún servicio, en casos de inundaciones por el desagüe etc.? El delito de daños en propiedad ajena existe, aunque aparentemente no hay una persona física a quien imputárselo. Pero no es así; existe un responsable, ya que el gobierno tiene la obligación de mantener las vías de circulación en óptimas condiciones para utilizarlas, y dentro de su estructura administrativa existe un órgano para tal fin (llámese ésta junta local de caminos o de otra manera). Dicho órgano tiene la obligación de reparar o mantener en buen funcionamiento la vía pública, y dentro de él además puede existir una oficina concreta que se encargue, por ejemplo, del bacheo en la zona. Pues bien, el titular de esa oficina es el responsable de los daños causados por la omisión de sus obligaciones.

 

En el supuesto de que el gobierno sea el responsable del accidente, al denunciar el delito puede ser que desconozcamos la oficina u órgano responsable, lo cual no importa; la denuncia deberá ser a quien resulte responsable y al gobierno de manera solidaria o subsidiaria; la función de investigar quién es el responsable es tarea del Ministerio Público. Únicamente no habrá un responsable del accidente en los casos de accidentes provocados por la naturaleza, como terremotos, rayos, marejadas, etcétera.

 

En el caso de que quien comete el ilícito de daños en propiedad ajena, no tenga los recursos económicos para repararlos y no cuente con un seguro para cubrir daños a terceros, si la ley o el reglamento de tránsito donde esté registrado el vehículo se lo exigen, el gobierno que registró el vehículo también es solidariamente responsable de dicho delito, puesto que si la ley exige a todo propietario de vehículo que cuente con un seguro que cubra este tipo de situaciones y si la autoridad permite que no lo tenga contratado, la autoridad es responsable de tal situación por omisión, y deberá responder por los daños causados.

 

Aun cuando en este tipo de accidentes únicamente se producen daños materiales, los cuales pueden ser reparados, manejemos con la mayor precaución, para que éstos no sucedan.