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VIALIDADES

 

transito,licencias de coducir, licencia de manejo,Multas de transito,accidente de tránsito,reglamentos de tránsito, infracción de tránsito, vehículos y conductores,placas,entidades federativas, materia jurídica,Recursos en contra de infracciones DAÑOS A LAS VIAS GENERALES DE COMUNICACION
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Cuando conducimos un vehículo, siempre debemos tener presente el riesgo que ello implica, porque en cualquier momento podemos vernos involucrados en un accidente de tránsito; estos accidentes se convierten en delitos, que van desde un simple daño en propiedad ajena, hasta un homicidio. Por lo tanto debemos estar conscientes y conducir con la mayor precaución posible para estar en posibilidades de evitarlos.

Los accidentes se generan por diversas causas, como son los agentes naturales (lluvia, nieve, granizo, neblina, inundaciones, temblores, terremotos, etc.); el estado físico de las vías de circulación (grava suelta, baches, piso resbaloso, obras sobre el camino, etc.); por circunstancias atribuibles al conductor (impericia, estado de ebriedad, somnolencia, cansancio, velocidad inmoderada, rebasar los límites de velocidad, deficiencias físicas, como la vista cansada, etc.); por las condiciones mecánicas del vehículo (llantas en mal estado, frenos en malas condiciones, etc.), y por situaciones especiales (irrupción de personas o de animales sobre la carretera, etc.).

 

Los delitos que se cometen derivados del tránsito de vehículos, son llamados delitos imprudenciales o culposos por los distintos Códigos Penales que existen en nuestro país. Pero ¿qué es un delito imprudencial o culposo? Es aquel que se comete cuando una persona sabe o tiene presente que, al realizar una conducta (en este caso, conducir un vehículo), puede cometer un daño por falta de cuidado o de atención al conducir, pero su verdadera intención no es el de realizarlo. En el caso de que el conductor quiera cometerlo y utilice el vehículo como un instrumento para llevarlo a cabo, estaremos ante un delito de carácter doloso.

 

Para quien comete un delito imprudencial, las penas se reducen y se otorga el beneficio de obtener la libertad bajo fianza, con algunas excepciones; por ejemplo, no se otorga este beneficio en el fuero federal y en otras entidades federativas, a los conductores de vehículos del servicio público y a los del transporte escolar, cuando fallezcan dos o más personas y el homicidio sea calificado como grave. Tampoco se otorgan estas facilidades cuando el conductor se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia que produzca efectos similares, así como al que incurra en el delito de abandono de personas.

 

Por lo regular, al ocurrir un accidente de tránsito se cometen al mismo tiempo varios; como por ejemplo, cuando un vehículo se impacta con otro, se configura el delito de daño en propiedad ajena, pero desafortunadamente si en ese choque resultan personas lesionadas o muertas, se presentan los delitos de lesiones y homicidios. Lo primero que nos vendría a la mente es qué sanción le correspondería a estos delitos; pensaríamos inmediatamente que a la penalidad correspondiente al daño en propiedad ajena, se le sumaría la del homicidio de cada persona que haya fallecido en el accidente; pero esto no es así. Cuando una persona con una acción comete varios delitos, se dice que hay un concurso ideal de delitos, y en este caso los distintos Códigos Penales señalan que se aplicará la pena correspondiente al delito que merezca la pena mayor, la que se podrá aumentar hasta en una mitad más del máximo de duración.

 

Los delitos generados por los accidentes de tránsito son de dos tipos: del fuero federal y del fuero común. Los primeros son aquellos cuando la Federación es parte, ya sea porque se le causa un daño o cuando son causas imputables a ésta. Un ejemplo es el caso de los ataques a las vías generales de comunicación o los que se derivan por el funcionamiento de un servicio público federal; cuando en un accidente participe un vehículo del servicio público federal, estaremos ante un delito del orden federal, por lo que se aplica la legislación federal y, en consecuencia, quien deberá tomar conocimiento será el Ministerio Público Federal. Los delitos del fuero común son aquellos en que la federación no es parte y los vehículos involucrados no son del servicio público federal, sean estos particulares o del servicio público local.

 

Ahora bien, de los delitos que se generan por el transito de vehículos, hay de dos tipos: los que requieren una querella o denuncia para que la autoridad conozca de ellos, y los que se persiguen de oficio. Por ejemplo, tenemos los daños a las vías generales de comunicación, el daño en propiedad ajena y las lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, delitos que se persiguen por querella, lo cual quiere decir que el Ministerio Público para poder iniciar la Averiguación Previa requiere de la denuncia por parte del titular del bien lesionado, en el caso del Daño a las Vías Generales de Comunicación con motivo del tránsito de vehículos, requiere que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presente la querella.

En los delitos que se persiguen por querella, los conductores en cualquier momento pueden llegar a un acuerdo y con ello se dará por concluido el procedimiento penal.

 

Los que se persiguen de oficio son aquellos que, aunque no exista denuncia, la autoridad está obligada a conocer, por lo que deberá investigar su realización; es el caso de los homicidios y el abandono de personas. En el caso de lesiones, señalan los códigos penales que se perseguirán de oficio cuando el conductor se hubiese encontrado en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o cualquiera otra sustancia que produzca efectos similares y no se haya dejado abandonada a la víctima.

 

Se pueden presentar otro tipo de delitos que se derivan por la relación o contacto con las autoridades, como son la desobediencia, la resistencia de particulares y la falsedad en declaraciones. Llaman la atención los delitos ambientales, los cuales se cometen por contravenir las Normas Oficiales Mexicanas y por la falta de autorizaciones que se requieren para el transporte de ciertos productos, y no por causar un daño ecológico.

En todo momento, el presunto responsable gozará, entre otras, de las siguientes garantías constitucionales:


  • Que se le conceda la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En casos de delitos no graves, sólo que lo solicite el MP se podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el MP aporte elementos para establecer que la libertad representa un riesgo para el ofendido o para la sociedad, y

  • Reservarse el derecho de declarar, teniendo presente que la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del juez, o ante éstos sin la asistencia de su defensor, carecerá de todo valor probatorio.

 

Hay que tener en cuenta también que los gobiernos, por las obligaciones que le corresponden, pueden ser causantes de un accidente de tránsito y, por lo tanto, de ser demandados de la misma manera que a cualquier persona.

 

Al demandar a una persona penalmente por causas de un accidente de tránsito, la mayoría de los Códigos obligan únicamente a la reparación del daño, y no al pago de los perjuicios que causa un accidente. Por ejemplo, si el vehículo es la fuente de ingresos de su propietario, el solo hecho de que se encuentre detenido provoca que, mientras esté detenido y en reparación, no genere ingresos y se tenga que gastar en utilizar otro vehículo. Este tipo de gastos por la vía penal, en la mayoría de los casos, no se logra que sean resarcidos; para ello se tendrá que intentar por la vía civil.

 

De la amplia gama de delitos que se pueden presentar al conducir un vehículo, los tratamientos en los Códigos Penales son en muchas ocasiones muy distintos en el fuero común, que en el ámbito federal; por lo que analizaremos en cada ocasión un tipo de delito, su penalidad y cómo se aplican en cada entidad federativa.